El blog de Albert Esplugas

Meta-reglas: reglas para hacer reglas

Paul Romer publica un ensayo en el Center for Global Development exponiendo sus ideas sobre las "ciudades charter": Technologies, Rules, and Progress: The Case for Charter Cities

Contiene pasajes muy interesantes sobre la mejor meta-regla para diseñar nuevas reglas: el voto con los pies, la opción salirse ("opt out") o entrar voluntariamente en un sistema ("opt in").

Meta-rules are rules about rules. They determine how we go about changing our rules. The kind of meta-rules that we most often think about are standard political systems that fall on a continuum between something like democracy and something like authoritarian decision-making. Democratic meta-rules require some form of voting, perhaps by referendum or a representative body, to change the rules. Under more authoritarian meta-rules, a rule change may require the approval only of an executive.

In evaluating meta-rules, we need to be open-minded and look at a broad range of alternatives. One that is little used now, but that could be revived, involves designing entirely new systems and letting people who want to try the new system opt into it.  Historically, the ability to move between countries in search of better opportunities—to vote with one’s feet—was a powerful force for progress. While modern globalization offers greater mobility of capital, goods, services, and ideas, restrictions on the mobility of people keep many people from leaving bad systems of rules for better ones. Moving forward, the effort to create new places with good rules and let people opt in could offer an important supplement to familiar democratic or authoritarian mechanisms for changing the rules.

Así surge su propuesta de "ciudades charter":

El 94% de las leyes se aprueban sin leerse

En Estados Unidos. Dudo que en España, o en cualquier país con una actividad legislativa similar, sea distinto.

94% of the bills are passed with NO debate, NO amendments, NO reading, NO online disclosures, and often, NO cost estimate from the Congressional Budget Office (CBO)

El senador DeMint lo explica en este vídeo. 

Hay una interesante propuesta de ley llamada "Leer las leyes" (Read the Bills Act) patrocinada por Downsize DC que forzaría a los políticos a tener más conocimiento de lo que aprueban (y ante la perspectiva de leerse sus propios mamotretos quién sabe si tendrían menos incentivos para legislar compulsivamente). La propuesta contiene medidas como éstas:

Each bill, and every amendment, must be read in its entirety before a quorum in both the House and Senate.

Every member of the House and Senate must sign a sworn affidavit, under penalty of perjury, that he or she has attentively either personally read, or heard read, the complete bill to be voted on.

Every old law coming up for renewal under the sunset provisions must also be read according to the same rules that apply to new bills.

Every bill to be voted on must be published on the Internet at least 7 days before a vote, and Congress must give public notice of the date when a vote will be held on that bill.

(vía Rand Paul for Senate)

Contratos de gestación y división del trabajo

Hablando de maternidad, Bryan Caplan escribe una entrada interesante sobre las madres de alquiler bajo contratos de gestación (surrogacy contract). Una madre de alquiler es una mujer contratada para engendrar y dar a luz un niño que será criado por otros, los contratantes. El término "madre de alquiler" es en realidad problemático, pues la mujer que engendra al niño no es necesariamente la madre biológica ni va a ser, al finalizar el contrato, su madre legal. El bebé puede ser el hijo biológico de la mujer contratada o ser producto del óvulo fertilizado de otra mujer (implantado luego en el útero de la gestante).

La práctica es ilegal en España pero está permitida en Estados Unidos (en varios estados), tanto con carácter altruista como comercial.

Para Caplan, los contratos de gestación y la donación de óvulos son una muestra de división del trabajo en el mercado:

In response to these preferences and technological progress, the market splits apart three jobs joined together throughout history.  The egg comes from a young woman with great genes, the womb from a woman who doesn't much mind being pregnant, and the mothering from a woman who wants a baby.  From an economic point of view, it's Adam Smith's pin factory all over again.  To some, it's repugnant.  To me, it's not merely logical, but life-affirming.

Caplan enlaza un artículo de Elizabeth Scott, Surrogacy and the Politics of Commodification, que tiene pasajes como este:

Hanson: derribemos el muro contra la ley privada

Hablando de muros, Robin Hanson defiende una idea parecida a mi cláusula "opt out" para que los individuos que lo deseemos podamos escindirnos del Estado del Bienestar. Hanson propone que los ciudadanos de un Estado puedan salirse del sistema legal público estipulando solemnemente en un contrato que las disputas entre las partes serán resueltas por un tribunal privado (como el arbitraje actual, pero en áreas que hoy monopoliza el Estado, como el derecho penal). Hanson dice que no propone (todavía) la abolición del Estado, pues quizás tenga un rol anti-trust en el ámbito de la ley privada, pero sí defiende la posibilidad de salirse de su sistema legal y desplazarse entre leyes privadas en competencia.

[T]eaching law & econ has reminded me of just how ossified and inefficient is our standard legal system, and Bryan Caplan recently guest lectured in my class on the vast potential of private law to improve efficiency.  The idea is to let people contract around standard law, privately choosing new legal rules and processes.  Local agreements between nations is what protects us now when we navigate the anarchy between nations, and the greater efficiency of private legal regimes of credit card firms, insurance companies, and social networks like Facebook greatly improve our lives. The idea is to extend such approaches to a wider range of legal issues. (...)

Imagine North Korea sent out agents to forcibly return escapees, arguing that escapee agreements to join other nations were void because escapees didn’t understand the full consequences of their actions. The world would loudly denounce such weak and transparently self-serving excuses. We want the act of agreeing to a private law to have such obvious and clear deliberateness, making government courts who overturn such agreements also seem self-serving.

Therefore I suggest: let individuals in a nation pay a large cost to with great solemnity declare their membership in a private law, a legal system covering disputes between its members and negotiating rules for disputes with members of other private laws.  If government courts refuse to enforce such agreements, then one could more reasonably ask a wider world of opinion to condemn such overreaching repression. Here one would have a stronger and clearer case pitting freedom against totalitarian control.

Dos lecturas imprescindibles sobre teoría de contratos

Muchos liberales no tienen un conocimiento sólido de la teoría de contratos subyacente tras los derechos individuales. Dado que una de las tipologías de agresión es la "violación de contrato", es importante saber a qué podemos llamar un contrato legítimo y a qué no. Hay dos lecturas imprescindibles que tratan de dar respuesta esta cuestión. En orden cronológico:

• A Consent Theory of Contract, Columbia Law Review, 1986, Randy Barnett.
• A Libertarian Theory of Contract: Title Transfer, Binding Promises, and Inalienability, Journal of Libertarian Studies, 2003, Stephan Kinsella.

Si solo vais a leer un artículo que sea el de Kinsella, que integra la tesis de Barnett.

Resumo la idea principal de esos ensayos en este artículo para el IJM: Promesas, propiedad y contrato.

En los comentarios Aeri respondía que lo que explico es una obviedad y que no suscita ningún tipo de controversia. Mi réplica fue:

No creo que sea tan obvio en absoluto, y por eso lo explico. Hay muchos contratos cuyo incumplimiento no debería generar hoy ningún tipo de obligación. Desertar en España está penado con dos años y cuatro meses a seis años de prisión, y en tiempo de guerra, con seis a quince años (artículo 120 del Código Penal Militar). ¿A quién agrede el desertor? ¿Conculca algún derecho individual? Dudo que todos tengan asumido que desde un punto de vista liberal la deserción es plenamente legítima, antes al contrario, apostaría a que la respuesta intuitiva de muchos sería que el soldado no puede desertar porque eso supondría una violación del contrato. Lo mismo en relación con un contrato laboral en una empresa: si no está estipulada ninguna compensación en caso de incumplimiento la rescisión unilateral del contrato es legítima (tanto por parte de la empresa, en el entendido de que ya ha retribuido las labores hechas hasta ahora, como por parte del trabajador). El abuelo que promete a su nieta pagarle los estudios universitarios y expresa su voluntad por escrito, ¿está obligado a hacerlo llegado el momento? ¿Sería vinculante un contrato de este tipo? Según el modelo de las expectativas, sí. Según el modelo de los títulos de propiedad transferibles, no. Si una pareja formaliza el compromiso de permanecer fieles el uno al otro, ¿es perseguible el adulterio? ¿Puede impedirse por la fuerza que uno de ellos vaya a acostarse con otro alegando proteger el cumplimiento del contrato? Tampoco creo que esto resulte tan obvio, pues es coherente con el modelo de las expectativas. ¿Es vinculante un contrato por el cual yo me comprometo a no entrar en tu barrio y tú te comprometes a no entrar en el mío? ¿Qué derecho infringimos si violamos este contrato? Por otro lado, el modelo de los títulos de propiedad transferibles tiene implicaciones en la teoría del contrato social: concediendo que el contrato social existiera, ¿sería vinculante? ¿Acaso no sería legítima su rescisión unilateral por parte de los ciudadanos?

La constitución como contrato y los grados de consentimiento

Tom W. Bell esboza algunas ideas interesantes sobre el contractualismo constitucional.

Constitutional contractualism suggests, for instance, that we interpret the U.S. Constitution as a form contract written, judged, and offered by a government services provider. That adhesion contract binds citizens to the extent that they objectively manifest consent to the federal government's proposed bargain. The Constitution thus binds most of us only rather weakly. (...)

A contractual constitution can claim justifiability only relative to certain parties, such as one who signs a promise to obey the Constitution. A hierarchy of justifications applies to the constitutional contract, running from the ideal of a negotiated and express agreement between equals, through a form contract imposed from on high, down to consent implied by conduct, bottoming out at hypothetical consent. Greater justifications trump lesser ones. An express disavowal of allegiance, for instance, typically negates an argument for implied consent. Constitutional contractualism thus suggests that the U.S. Constitution binds government agents very tightly, while binding the government's subjects only loosely, at most.

Su aproximación me parece sugerente y promotedora, y fruto de estas primeras ideas surgió un ensayo que aún no he leído: Graduated Consent Theory, Explained and Applied. El resumen:

We often speak of consent in binary terms, boiling it down to "yes" or "no." In practice, however, consent varies by degrees. We tend to afford expressly consensual transactions more respect than transactions backed by only implied consent, for instance, which we in turn regard as more meaningful than transactions justified by merely hypothetical consent. A mirror of that ordinal ranking appears in our judgments about unconsensual transactions. This article reviews how a wide range of authorities regard consent, discovering that they treat consent as a matter of degree and a measure of justification. By abstracting from that evidence, we can outline a theory of graduated consent. This article concludes by testing a graduated consent theory against such problems as enforcing standardized agreements, justifying political coercion, and reading a constitution. In those and other applications, a theory of graduated consent can contribute to legal, moral, and economic reasoning.

En principio su tesis gradualista (grados de consentimiento: fuerte, tenue...) choca con mi concepción binaria del consentimiento, entendido como una aceptación o rechazo explícito (o implícito en el actuar pero explícito en su significado) a una propuesta de acuerdo. Pero el planteamiento tiene fuerza intuitiva, considera grises razonables entre el blanco y negro, no pretende impugnar el consentimiento explícito sino compatibilizarlo con otros consentimientos (implícitos, hipotéticos), que tendrían fuerza subsidiaria. Tom Bell admite que la devastadora crítica de Lysander Spooner a la legitimidad de cualquier Constitución es válida, pero quizás hay espacio para una Constitución con una legitimidad más débil y no universal.

Mi opinión sobre la legitimidad de la Constitución la expresé en este artículo para el IJM: El Estado sin autoridad. Sigo manteniendo la misma tesis, aunque es posible que los argumentos de Bell me lleven a matizarla. Por ejemplo, estoy dispuesto a aceptar que una parte de la población sí consiente a los términos de la Constitución, de forma implícita sino explícita, pero no estoy seguro de que eso haga que sea vinculante para ellos, entre otras cosas porque rechazo los llamados "contratos de sumisión" o "esclavitud" por los cuales una persona puede enajenar su libertad sin posibilidad retirarse del acuerdo (es decir, defender que la Constitución me vincula de por vida por el mero hecho de haberla suscrito en algún momento equivale a decir que no puedo abandonar un trabajo si he firmado un contrato de 10 años, o que no puedo divorciarme etc.). Me gustaría saber cómo aborda Bell esta cuestión. Por otro lado, a favor de la concepción de Bell está el sentimiento de injusticia que me produce el hecho de que carguen impuestos a gente que por principio los considera un robo, en contraste con el hecho de que Hacienda se cebe en un socialista que se muestra entusiasmado con la redistribución de la renta, lo  que tiene visos de justicia poética.

La crítica a la legitimidad de la Constitución que escribía en el artículo bebe del tratado de Spooner:

Anarco-capitalismo para escépticos

El escepticismo debe dejar la puerta abierta a la posibilidad de que el anarco-capitalismo sea viable. Algunos escépticos desestiman de entrada esa posibilidad asumiendo la necesidad del Estado y tachando de dogmáticos a todo el que opina distinto, pero quizás la carga de la prueba debería recaer en quienes tienen esta certeza.

Para mí no hay postura más escéptica que la de Donald Boudreaux en este artículo en Freeman: The A word.

Everywhere in the Western world, from even before the collapse of Rome until the late eighteenth century, consensus opinion held that religious belief is so important that it must be regulated by the state. Chaos was thought inevitable if everyone was free to choose which, if any, gods to worship. We now know that peace and order do not require state oversight of religious belief.

Until the late eighteenth century, consensus opinion held that international trade is too important not to be regulated by the state. People trading freely will, it was widely believed, impoverish both state and society. But the analyses offered by Adam Smith, David Ricardo, Frédéric Bastiat, and Co., along with real-world experience, proved quite the opposite.

Until very recently, even free-market economists thought that only the state can issue stable money. But historical research along with sound theoretical work has now shown convincingly that sound money has been, and can be, issued by purely private firms. Indeed, privately issued money is more likely to hold its value than is money issued by government.

The history is similar for freedom of speech and freedom of the press. So much of what consensus opinion once held to be unquestionably necessary for the state to regulate is now proven to be best left free.

Isn’t it possible that the same is true for law?

We already know that much law is the product of voluntary actions rather than of state coercion. Western commercial law originated not in the head of some monarch or from the deliberations of a state assembly. Rather, this law grew from the daily practices of private merchants. The “Law Merchant” (which is the foundation of the Uniform Commercial Code in use today in the United States) originated in medieval times when commerce on the Mediterranean began expanding. Merchants in Genoa or Venice shipped goods to merchants in north Africa and other distant places. And vice-versa. No sovereign power governed these merchants collectively. If a Tunisian merchant refused to pay his Venetian supplier for goods shipped from Venice, no royal sheriff or international Pooh-Bah could be called in to forcibly extract payment from the recalcitrant Tunisian.

Nevertheless, trade flourished. The reason is that the merchants themselves—business people sharing no sovereign master—developed law courts and procedures and, hence, a body of nuanced law that determined merchants’ rights and obligations. (...)

Does the success of private commercial law prove that other types of law—most notably, criminal law—can be supplied privately? No. But the Law Merchant combines with a long history of mistaken presumptions about the necessity of state action to suggest that we ought not presume that the state is necessary to supply law and protection from aggression. Perhaps, just maybe, a peaceful and productive society is possible with no state at all.

Un escéptico podría replicar que, si bien es dogmático asumir que el anarco-capitalismo no es viable, también lo es asumir que sí es viable. Los anarco-capitalistas pecamos de dogmatismo al no admitir que el anarco-capitalismo podría ser imposible. Pero esta simetría no es exacta: la viabilidad del anarco-capitalismo depende en última instancia de la voluntad de la gente. Si una mayoría suficiente de individuos comparte el principio básico de que la agresión es ilegítima y demanda leyes y protección a tal efecto, eso es lo que producirá el mercado de servicios legales y de seguridad. Ejemplos históricos de sociedades sin Estado con ley privada los ha habido, y basta uno solo para probar empíricamente su posibilidad (para un repaso de los ejemplos históricos y la bibliografía al respecto véase Polycentric Law, de Tom Bell). Una cuestión distinta es si es probable que una mayoría de gente llegue a compartir ese principio básico, o si por el contrario hay razones piscológicas/sociológicas por las cuáles tiende a creer en la necesidad de una autoridad central monopolística. Pensar que la materialización del anarco-capitalismo es inexorable o probable sí sería dogmático, pues no hay razones para concluir tal cosa, pero la mera posibilidad es suficiente para hacer que su defensa valga la pena, si teóricamente es un orden social más deseable.

¿Pero no es dogmático concluir que es un orden social más deseable? ¿No debería el escéptico mantenerse escéptico con respecto a la eficiencia del mercado vis a vis la del Estado en la producción de ley y orden? Recupero aquí un fragmento que escribí en otro artículo, también siguiendo a Boudreaux:

Si el mercado presupone leyes, ¿cómo va a producirlas?

En un intercambio privado de correos Kantor acusa a los anarco-capitalistas de caer en un razonamiento circular al defender la producción privada de ley y orden. Con su permiso copio su comentario (énfasis suyo):

Los derechos de propiedad deben existir y estar bien definidos para que exista el mercado. No puede haber un "mercado" de derechos de propiedad (seguridad y Ley) porque precisamente el mercado es "donde"  se hacen intercambios de bienes y servicios cuyos derechos de propiedad ya están bien establecidos. El mercado no puede regular la existencia y defensa de los derechos de propiedad, porque estos son condicion previa para que haya mercado.  Por eso el anarquismo forma parte de esas teorias que ni siquiera llegan a ser equivocadas, porque directamente no tienen sentido.

El problema es que Kantor no está pensando en términos marginales: el mercado existe o no existe, y los derechos de propiedad están bien establecidos (leyes) o no lo están en absoluto. En la fábula de Kantor primero se establecen bien los derechos de propiedad de la nada, y luego la gente hasta ahora de brazos cruzados empieza a producir y a comerciar. Por el contrario, lo que sucede es que el comercio y la protección de los derechos de propiedad se desarrollan al unísono, progresivamente, pues las normas no se crean en ningún vacío, sino que surgen conforme se necesitan, se demandan y se respetan.

Walter Block contesta a la misma objeción en su réplica (pdf) a Randall Holcombe:

Future Imperfect, págs. 190 - 215: eugenesia liberal

Copio varios fragmentos del capítulo sobre reproducción humana de Future Imperfect: Technology and Freedom in an Uncertain World, de David Friedman. En este apartado describe un conjunto de tecnologías y posibilidades futuras en materia de reproducción, y reflexiona sobre las consecuencias y las complicaciones éticas y legales de esa probable realidad. Friedman identifica varios problemas pero no cree que sean insuperables o vayan a provocar la catástrofe que algunos anuncian. De todos modos asusta un poco. Parece una película de ciencia ficción, pero con el final abierto.

Eugenesia liberal a la Heinlein:

In Heinlein’s story, genetic technology is used by couples to control which of the children they could produce they do produce. With the assistance of expert advice, they select among the eggs produced by the wife and the sperm produced by the husband the particular combination of egg and sperm that will produce the child they most want to have, the one that does not carry the husband’s gene for a bad heart or the wife’s for poor circulation, but does carry the husband’s good coordination and the wife’s musical ability. Each couple gets its own child, yet characteristics that parents do not want their children to have are gradually eliminated from the gene pool. Since the decision is made by each set of parents for their own children, not by someone for everyone, it should maintain a high degree of genetic diversity; different parents will want different things. And since parents, unlike state planners, can usually be trusted to care a great deal about the welfare of their children, the technology should mostly be used to benefit the next generation, not to exploit it. (p. 190)

Ingeniería genética con retrovirus:

Absuelta una esclava sexual que se toma la justicia por su mano

Tras la vista en el Tribunal Supremo australiano se ha retirado el cargo de asesinato contra una chica de 19 años que disparó y desmembró a su padrastro, que llevaba violándola y abusando de ella desde que tenía 14 años. La policía ha obtenido más de 10.000 fotografías de actos sexuales y penetración hechas por el violador con su cámara digital.

La chica había disparado a la cabeza de su agresor y al día siguiente le cortó los brazos, las piernas y la cabeza con una sierra. El fiscal ha utilizado un recurso judicial que libera de los cargos a la acusada ("Nolle prosequi"), alegando que ningún jurado hubiera condenado a la chica por asesinato. Añadió que esta absolución no debe ser vista como un visto bueno a que otras víctimas se tomen la justicia por su mano.

Yo creo que es difícil no extraer exactamente ese mensaje, y no me parece mal. Considero que en una sociedad libre la gente debe empatizar con la víctima y encuentro razonable que se anulen los cargos de quienes se toman la justicia por su mano siempre que se demuestre la culpabilidad del agresor y la represalia haya sido proporcional. No concedo al Estado el monopolio de la administración de justicia, y desde luego la respuesta de esta chica a las agresiones sufridas me parece plenamente proporcional y no tengo nada que objetar a su absolución. Tomarse la justicia por su mano está mal visto en una sociedad en la que para todo tienes que pedir permiso, pero en mi opinión puede ser una forma de justicia express y seguro que alivia el saturado e ineficiente sistema de justicia público. Suena drástico, pero no creo que lo relevante sea cómo suene, sino si realmente se ha hecho justicia y esta chica martirizada durante años tiene que ir a la cárcel por poner fin a la vida de su torturador.

¿Estás a favor de implantar la cadena perpetua en España?

Ésta es la pregunta de la semana, y las respuestas son SI o NO.

Es también la pregunta que el padre de la asesinada Marta Castillo ha pedido que se someta a referéndum. Esto es lo que le pasó a Marta:

Según creen los investigadores, Miguel discutió con Marta la tarde del sábado 24 de enero hasta que, según su confesión, la golpeó violentamente con un cenicero. A continuación, llamó a sus amigos Samuel y Javier porque "tenía un problema". Al llegar al piso, se encontraron con Miguel y su hermano Francisco Javier frente al cuerpo de Marta enrollado en una manta. Miguel, Samuel y Javier condujeron el cadáver hasta un coche, mientras que Francisco Javier, de unos 40 años, supuestamente permaneció en el piso limpiando las pruebas del crimen. Javier, al volante, y Samuel condujeron el cuerpo hasta el río, mientras Miguel les seguía en una moto. Una vez en el puente de la zona del Charco de la Pava, Miguel y Samuel arrojaron el cuerpo al Guadalquivir. Se desconoce si Marta falleció en el piso de Miguel o si la arrojaron viva al río. De ello depende que los jóvenes sean acusados de asesinato u homicidio, incógnita que despejará el cadáver si aparece.

Mi respuesta es SI, la cadena perpetua debería implantarse en España para delitos muy graves contra la persona. Ya está presente para delitos de sangre en Francia, Alemania o el Reino Unido. La justicia en España tiene fama de estar vergonzosamente sesgada a favor del criminal y en contra de la víctima. Esta opinión en mi caso está basada en anécdotas y noticias puntuales que apuntan repetidamente en esa dirección. Atendiendo al con el texto constitucional, la prioridad no es el castigo proporcional y la restitución a la víctima sino la "reeducación y la reinserción social".

El grueso de las carencias del sistema de Justicia actual es inherente a su condición de servicio público. Idealmente los criminales restituirían a las víctimas o serían castigadas (o perdonadas) a petición suya, pues no es "la sociedad" sino personas concretas las que han sido victimizadas. También estarían sujetas a trabajos forzosos con valor de mercado para pagar su manutención y compensar a las víctimas, en lugar de ser las propias víctimas y el resto de la sociedad quienes sufragamos su sustento. Un sistema de justicia privado y competitivo procuraría un servicio eficiente y mucho más respetuoso con las víctimas, que serían sus clientes y no simples súbditos.

Pero el Estado monopoliza actualmente la Justicia, y en este contexto es razonable exigirle que se aproxime lo máximo posible a ese modelo ideal en el que los criminales deben responder ante sus víctimas y éstas tienen derecho a pedir un castigo o una restitución proporcional. La cadena perpetua me parece una pena proporcional como respuesta a un asesinato. Mi referencia básica en cuanto a teoría de la proporcionalidad y el castigo es este brillante ensayo de Stephan Kinsella: Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach (pdf).

Contrastemos el editorial de Libertad Digital y el editorial de El País sobre esta cuestión. El editorial de Libertad Digital se pronuncia a favor de consultar a los ciudadanos y ve la cadena perpetua como una pena razonable.

Fonseca en contra de influir en la legislación (actualizado II)

Fonseca reprende en esta entrada al padre de Marta Castillo, vilmente asesinada por su ex novio, por intentar influir en los legisladores pidiendo la cadena perpetua para los autores del crimen. Como si lo relevante fuera el hecho de "intentar influir" y no la dirección en que se intenta influir. ¿Consiera Fonseca inmoral que uno utilice los medios a su alcance para cambiar leyes injustas e implantar leyes más justas?

Imaginemos que en España los asesinos solo tuvieran que pagar una multa de 1000 euros. ¿Se quejaría Fonseca si el padre de Marta exigiera un poco de decencia al sistema de Justicia para que al menos aplicara una pena de cárcel? ¿Por qué se queja entonces cuando pide un referendum para la cadena perpetua? Ni siquiera esta buscando "un trato de favor" para imponer su visión, únicamente está pidiendo que se someta a votación algo sobre lo que mucha gente (yo incluido) querría dar su opinión.

Fonseca reprocha al padre de Marta que "se salte la igualdad ante la ley y el Estado de derecho". Pero que yo sepa no está haciendo nada ilegal o que esté prohibido a los demás ciudadanos, y de hecho está pidiendo que todos los españoles por igual tengan voz y voto sobre esta cuestión. Todo ello en el marco de ese Estado de Derecho (sic) por el que ahora Fonseca se rasga las vestiduras.

En el post de Fonseca brilla por su ausencia una explicación de por qué la cadena perpetua es injusta, que es por lo único que debería criticar la actuación de un padre que para algunos está simplemente exigiendo justicia para su hija.

ACTUALIZACIÓN: Esta réplica de Fonseca a quienes le han criticado es bastante más razonada y respetuosa que la primera, pero sigo sin estar de acuerdo. En el caso que Fonseca señala el furor de las masas condujo a la condena de inocentes (aparentemente por inhabilidad del juez), en este caso se está pidiendo la cadena perpetua para asesinos. La condena de inocentes es claramente injusta, pero Fonseca aún no se ha pronunciado sobre los méritos de la cadena perpetua para delitos de sangre graves. A mí me parece una reclamación justa, y eso también debería contar a la hora de juzgar la actuación del padre de Marta, que Fonseca ha despreciado sin más (y recordemos que no está reclamando directamente un cambio de la legislación sino un referéndum para que el pueblo dé su opinión sobre la cuestión).

Al oponerse a cualquier cambio en la legislación motivado por la presión popular tras un suceso como el asesinato de Marta, Fonseca asume que no puede salir nada bueno de esa presión popular. Yo creo que depende del caso. En éste en particular, para mí la razón está de parte del padre y la presión popular. De hecho hay determinados cambios legislativos que no creo que se lleven a cabo sino es como respuesta a una fuerte presión popular o una hipersensibilización súbita de la opinión pública. La flagrante injusticia en ocasiones saca de la apatía a la sociedad y hay que aprovechar esos ataques de sentido común para doblegar la voluntad del Gobierno.

ACTUALIZACIÓN II: Copio varios comentarios que he dejado en otros blogs. En el de Fonseca (un poco editado):

Soberanía nacional o justicia internacional

John Laughland escribe un artículo interesante en The Brussels Journal sobre la conveniencia o no de dotar al Tribunal Internacional de La Haya de jurisdicción sobre crímenes cometidos por gobiernos de países que no se han suscrito al tribunal. Se espera que los jueces del tribunal validen la acusación del fiscal contra el Presidente de Sudan por genocidio, y cuando ello suceda la soberanía nacional de los Estados estará definitivamente supeditada a la "justicia internacional". ¿Sería este acontecimiento una buena noticia?

Como explica Laughland, los activistas en pro de los derechos humanos hace años que claman por esta internacionalización de la justicia. Está claro que los Estados no tienen ningún derecho a abusar de sus propios ciudadanos, y argüir que un tribunal foráneo no tiene legitimidad para intervenir equivale a decir que un tribunal nacional no puede sentenciar a un padre que abusa de su hijo en casa. Pero, prosigue Laughland, una cosa es sostener que el Estado de Sudán no tiene derecho a abusar de su población, y otra distinta afirmar que la mejor manera de lograr la paz en Darfur es através de la condena de un jefe de Estado en el Tribunal de la Haya. Lo segundo no es un juicio ético sino un juicio político.

Laughland opina conceder al Tribunal Internacional jurisdicción sobre países que no firmantes no es una buena idea. Los conflictos nacionales es mejor tratarlos dentro de su propio contexto, por aquellos que han sido afectados y aquellos que tendrán que apechugar con las consecuencias.

“When is it right to use force?” We normally take it for granted that force is justified to prevent crimes. But to what extent is the criminal law an appropriate conceptual instrument for analysing war? There may, I suppose, be some cases in which it is excusable for a policeman not to act when he sees a crime being committed, but they are marginal exceptions. By contrast, it is very easy to envisage cases in which the cessation of hostilities is preferable to continuing violence in the name of justice. Indeed, peace treaties are often signed between former enemies which precisely contain clauses drawing a line under any future prosecutions.

In the Bosnian civil war (1992-1995) the numerous attempts to broke a peace agreement were attacked by human rights activists in the name of justice. Politicians who accepted their arguments scuppered these agreements saying that aggression should not be rewarded. Eventually, when everyone was exhausted, a peace agreement was signed along the very lines proposed and rejected at the beginning of the conflict. In other words, the war was prolonged needlessly for three years and tens of thousands of people were killed for nothing. “Justice”, in other words, can be a very poor guide in wartime.

It is obvious, then, that I am deeply sceptical about the veracity of the charges against Sudan and about the political usefulness of making them. But what about the first question? My view is that nation-states are a far better forum for adjudicating political questions than international organisations for one simple reason: national governments, even dictatorships, are part of the nation they govern, whereas international organisations are structurally disconnected from the people over whom they wield power. The judges at the ICC will never have to justify or give any account of their decisions to the Sudanese people whereas there is always the possibility that a tyrannical national regime can be overthrown or that it will reform itself.

Reino Unido: tribunales islámicos operando bajo la ley de Arbitraje de 1996

Como he explicado en entradas anteriores, la Ley de Arbitraje de 1996 permite que los tribunales islámicos resuelvan disputas civiles a petición de las partes. Dadas ciertas condiciones de razonabilidad, las partes pueden elegir cualquier código/árbitro para resolver sus disputas. En este sentido, al contrario de lo que han venido sugiriendo multitud de comentaristas, la ley en el Reino Unido ya ampara la participación de los tribunales islámicos. No se trata de acomodar las leyes a las demandas musulmanas haciendo una excepción para ellos, se trata de dispensar a la comunidad islámica el mismo trato que se otorga a otras comunidades (como la judía) en materia de resolución de disputas.

El periódico The Times informaba ayer que varios tribunales islámicos están operando oficialmente bajo las premisas de la Ley de Arbitraje de 1996.

It has now emerged that sharia courts with these powers have been set up in London, Birmingham, Bradford and Manchester with the network’s headquarters in Nuneaton, Warwickshire. Two more courts are being planned for Glasgow and Edinburgh.

Sheikh Faiz-ul-Aqtab Siddiqi, whose Muslim Arbitration Tribunal runs the courts, said he had taken advantage of a clause in the Arbitration Act 1996.

Under the act, the sharia courts are classified as arbitration tribunals. The rulings of arbitration tribunals are binding in law, provided that both parties in the dispute agree to give it the power to rule on their case.

El rotativo menciona también el ejemplo de los tribunales judíos, que operan bajo la misma Ley de Arbitraje.

Jewish Beth Din courts operate under the same provision in the Arbitration Act and resolve civil cases, ranging from divorce to business disputes. They have existed in Britain for more than 100 years, and previously operated under a precursor to the act.

Volokh: las mujeres musulmanas no debe recibir un trato legal distinto

Eugene Volokh, en el blog de derecho The Volokh Conspiracy, da en la diana con un post sobre la libertad de contrato, las clausulas religiosas y las presiones sociales sobre las mujeres en la comunidades islámicas.

If American law provides for certain constraints on contract enforcement generally -- e.g., you can't contract to have your hand cut off, certain prenuptial agreements are unenforceable, contracts entered into by minors are unenforceable unless properly ratified when the minor becomes an adult, parties can't contract away the rights of nonparties, such as the parties' future children, etc. -- those same constraints should apply to Islamic agreements. That should be true of agreements to arbitrate pursuant to certain rules, agreements to pay money in the event of a divorce, or whatever else. But if American law allows people freedom of contract, even when the people are young, foolish, socially pressured, and the like, Muslim people are as entitled as other people to such freedom (with the burdens that freedom often yields).

Sometimes the enforcement of the agreements might hurt Muslim women, who we think were wrongly pressured by family, community, or religion into waiving important rights. Sometimes it might help Muslim women, as with the enforcement of promises of a certain payment on divorce.

Leedlo entero, es breve.

Esta aproximación no es la panacea, pero no se me ocurre una mejor alternativa. La solución no es necesariamente o principalmente legal, el problema de fondo del extremismo religioso es cultural y no estoy seguro de que la ley tenga mucho más que decir al respecto de lo que ya dice (en otros frentes quizás sí se puede hacer más de lo que se hace).

En la entrada ¿La Sharia se abre paso en el Reino Unido? comentaba que las declaraciones de Lord Phillips no eran en realidad tan polémicas, en tanto defienden el statu quo legal y solo constantan que las leyes de arbitraje vigentes en el Reino Unido cubren los casos en los que las partes en una disputa civil acuerdan someterse a un árbitro/tribunal guiado por los principios de la Sharia. Argumentar que la ley debe modificarse para hacer una excepción en el caso de las parejas islámicas me parece contrario a la libertad de contrato, que debe defenderse con independencia de que algunos interpreten esa actitud coherente como una "concesión" y opten por exigir más.

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