El debate en torno a la retirada de crucifijos a raíz de mi artículo en Libertad Digital enlaza con otro artículo que escribí en su momento para el IJM: Sobre la escuela pública y el laicismo impuesto.
Releyéndolo, la opinión que expresé es básicamente la misma de ahora, aunque entonces puse más énfasis en el objetivo último: la privatización de la enseñanza.
Un apunte sobre las paredes del aula sin crucifijo y la neutralidad laica, que veo que está suscitando debate. Estamos hablando de preferencias y ambos grupos (laicos y católicos) tienen una preferencia con respecto a lo que debe mostrarse en las parades de la clase. Los laicistas son neutrales con respecto a las distintas religiones, pero no son neutrales frente a la disyuntiva "símbolos religiosos sí" , "símbolos religiosos no". Tienen una preferencia que choca con la del otro grupo. Los laicistas confunden neutralidad con el hecho de no ser explícitos con respecto a las creencias religiosas (o la no-creencia). Pero desde el momento en que hay un conflicto de preferencias con respecto al uso de un recurso hay mutua parcialidad, no podemos decir que uno de los dos grupos es neutral y el otro es parcial con respecto a sus preferencias. En un contexto de genuina neutralidad el conflicto no existiría. Mi propuesta para resolver el conflicto es descentralizar las decisiones: que cada escuela decida de forma autónoma, atendiendo a las preferencias de los padres. Los que quieren imponer el mismo modelo a todos no se encuentran cómodos con esta opción que permite la diversidad. Pero es realmente la aproximación más neutral (dado el sistema público), pues no toma partido por las preferencias de un grupo sobre otro.Que una propiedad pública no tenga usos más legítimos que otros desde un punto de vista liberal no significa que no pueda considerarse que un uso concreto sea más razonable o juicioso que otro. Por ejemplo, no es legítimo que el ministerio imponga una asignatura de inglés como tampoco es legítimo que imponga una asignatura de costura, pero podemos aventurar que en un escenario en el que la enseñanza estuviera liberalizada los padres demandarían clases de inglés y no clases de punto. Imaginemos que virtualmente todas las familias españolas fueran muy católicas y quisieran que sus hijos tuvieran una educación religiosa. No sería legítimo que la escuela pública fuera religiosa (por ser pública, no por ser religiosa), pero indudablemente se ajustaría más a las preferencias de la mayoría de los padres, que son los que en una sociedad libre escogerían el tipo de educación que fueran a recibir sus hijos. En este sentido las medidas encaminadas, por ejemplo, a dotar a los padres de un mayor margen para que elijan el tipo de enseñanza pública que tendrán sus hijos (religiosa, laica o lo que fuera) nos acercarían un poco, aun sin ser medidas estrictamente liberales, al resultado que se hubiera producido en el libre mercado, y puede que tengan por ello cierto mérito.
Debe quedar claro, no obstante, que como liberales no podemos decir que una enseñanza pública laica sea más legítima que una enseñanza pública religiosa o viceversa. La escuela pública es ilegítima per se y debe privatizarse, y en tanto exista todo lo que emane de ella constituye, por definición, una imposición del ministerio. Algunos liberales están de acuerdo en que la privatización de la enseñanza es el objetivo último pero en nombre del gradualismo y el pragmatismo dedican esfuerzos a reivindicar que la escuela pública se amolde a sus particulares preferencias. Los que defienden la libertad pero sostienen que en tanto no se alcance debe hacerse tal o cual cosa a menudo corren el peligro de acabar dedicando más energías a la causa de redireccionar la intervención pública que a la causa de extinguirla y alcanzar la libertad.
