En mi último artículo para Libertad Digital hablo de la iniciativa del Congreso de retirar los crucifijos de la escuela pública. Quizás queráis leer primero estas dos anotaciones en defensa de esa postura: Pascual González (Crucifijos I. Espacios públicos y espacio institucional) y Eduardo Robredo (Todos los símbolos religiosos deben ser desalojados del espacio institucional).
En mi opinión, dejando a un lado la opción mejor y más purista (privatizar todas las escuelas), es preferible permitir que cada centro decida de forma autónoma si mantener o quitar los símbolos religiosos, en función de los deseos de los padres y no de la autoridad estatal.
La mayoría de los promotores de esta legislación parecen aceptar que la escuela privada debe quedar al margen, pero aún así su enfoque es tramposo: alegan neutralidad porque respetan la enseñanza religiosa privada pero simultáneamente defienden la casi total nacionalización de la enseñanza. El resultado es el mismo: la imposición de una educación laica a la inmensa mayoría de los alumnos contra la voluntad de muchos padres. (...)
En cualquier caso, si la mayoría de padres en una determinada escuela pública quieren que haya un crucifijo, es razonable respetar esta preferencia. En las escuelas públicas donde haya una preferencia contraria, que los retiren. Es injusto que los padres religiosos que no pueden permitirse pagar una escuela privada (porque los precios son artificialmente altos en ausencia de un mercado competitivo) vean usurpado su derecho a elegir. En la actualidad la decisión de mantener la cruz o quitarla la toma el Consejo Escolar de cada centro. Esta aproximación descentralizada atiende mejor las preferencias de los padres que la imposición de una misma norma a todas las escuelas.
