La semana pasada el editorial "La dignidad de Catalunya" publicado concertadamente por 12 periódicos catalanes fue el centro de atención y objeto de intenso (y tenso) debate. Después de leer diversas reacciones y reflexionar sobre el asunto, querría aportar mi punto de vista.
1) Leo el editorial de La Vanguardia y lo encuentro hasta cierto punto comedido y razonable. Leo la respuesta de El Mundo al día siguiente y me parece aún más razonable. El problema es que ambos son razonables a distintos niveles. Me explico. El editorial de La Vanguardia es razonable desde un punto de vista sentimental, esto es, en lo que se refiere a los sentimientos y percepciones de una mayoría de catalanes respecto al desarrollo del autogobierno y su identidad distintiva (que para unos es compatible con España, para otros no). Una revisión a la baja del estatut, ligada a la incesante presión mediática y política de un sector de la derecha española para congelar el Estado de las autonomías en su distribución actual, es percibida por muchos catalanes como un intento de detener el avance del autogobierno por la fuerza y desde fuera. Esta es una lectura que hay que tener en cuenta: una parte amplia de la sociedad catalana, probablemente mayoritaria, quiere más autogobierno (que no significa independencia, sino más autogobierno) y desde Madrid se lo impiden. Muchos españoles consideran que "ya estamos bien como estamos" y no hace falta profundizar más en la descentralización. En Cataluña esta actitud choca con la extendida creencia en el derecho de autodeterminación: a los catalanes corresponde decidir el nivel de autogobierno de Cataluña, no a los asturianos o a los andaluces. Más sobre esta cuestión en el punto 5).
Este es el párrafo del editorial relativo al sentimiento y la percepción de muchos catalanes:
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.
Pero el editorial de El Mundo es razonable (no solo es razonable, tiene razón) en lo que se refiere a la función legal del Tribunal Constitucional: confirmar que las leyes se atienen al texto constitucional, con independencia de que hayan sido aprobadas en el parlamento o en referéndums. No hay "choque de legitimidades" estrictamente hablando, pues de acuerdo con la Constitución el TC tiene plena legitimidad para tumbar los artículos inconstitucionales del estatut y los parlamentos no tienen legitimidad alguna para aplicar leyes declaradas inconstitucionales. Es, en puridad, así de simple.
Ninguno de los 12 periódicos puede honestamente contradecir estos dos párrafos de El Mundo:
Mientras no se modifique, la Constitución establece la existencia de un Tribunal al que encomienda el examen de la constitucionalidad de las leyes, tanto si proceden del Congreso como de los parlamentos autonómicos. Esa es su función y si a alguien no le gusta, lo que tiene que hacer es proponer un cambio de la Constitución.
Los 12 periódicos contraponen la legitimidad del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso y mediante consulta popular con la del Constitucional, al que llaman una «cuarta cámara». Es una comparación falaz y demagógica porque, como cualquiera sabe, la democracia se basa en la separación de poderes.
Dicho esto, la confrontación de las dos perspectivas razonables (la sentimental y la legal) no queda resuelta apelando a una de ellas. Parapetarse en la legalidad para perpetuar el inmovilismo, que es el que genera esta hostilidad o frustación en Cataluña, no es una solución satisfactoria a largo plazo. Recurrir al sentimiento para quebrar la legalidad o presionar al Tribunal Constitucional no es una solución satisfactoria en el corto plazo.
Recomiendo este intercambio entre Roger Senserrich y Citoyen propósito del Tribunal Constitucional y el estatut. Véase también el comentario de Lady Godiva.
2) Numerosos comentaristas han tachado de escandaloso que 12 periódicos se pongan de acuerdo para publicar el mismo editorial. Una muestra de sumisión al poder, un reflejo de la escasa o nula pluralidad informativa existente en Cataluña. Yo creo que la concertación en sí no es criticable. Puedo imaginar varias causas nobles en las que entendería una colusión puntual similar, y estoy convencido de que los mismos críticos pueden concebir otras que no serían motivo de protesta. Además, cualquiera diría que la uniformidad de opiniones es un fenómeno excepcional en cuestiones políticas y ajeno a la prensa española. ¿Acaso no podrían todos los periódicos nacionales consensuar un texto sobre la necesidad del Estado del Bienestar, de la pertenencia a la Unión Europea o de combatir el cambio climático? Ese consenso lo revalidan constantemente, aunque no utilizen las mismas palabras en sus editoriales.
Luego el problema no es tanto el acto de ponerse de acuerdo, sino el contenido que es objeto de consenso. En este caso, que la revisión a la baja del estatut por parte del TC sería una afrenta a la "dignidad de Cataluña". El Mundo lo dice bien en su réplica:
LA «DIGNIDAD», «el respeto», «la solidaridad» y los principios a los que hacía referencia el editorial publicado ayer al unísono por 12 diarios catalanes no son valores atribuibles a los territorios, las instituciones o los colectivos sino a las personas. Ni Cataluña tiene dignidad ni España, honor. La tienen y lo tienen los catalanes y los demás españoles de uno en uno.
Aunque me extraña que El Mundo no haya personificado nunca un territorio o nación y utilizado expresiones como "solidaridad territorial". En cualquier caso, lo grave del editorial conjunto es su pretensión de vincular el futuro del actual estatut a la dignidad, se entiende, de todos los catalanes, cuando dentro de la sociedad catalana hay una diversidad de opinión considerable respecto al estatut, que va desde el rechazo al entusiasmo pasando por la indiferencia más absoluta. Los periódicos se alzan en portavoces de la sociedad entera, olvidando convenientemente que el estatut fue votado por un tercio del censo electoral (mientras que la Constitución, que emplaza al TC a ejercer el papel de revisar leyes como el estatut, fue votada por un 62% del censo en aquel momento). Los medios de comunicación catalanes deberían darse cuenta de que esto es una anomalía, y de que no es honesto ni responsable hablar en nombre de Cataluña imponiendo desde arriba una falso consenso. No en vano el columnista de La Vanguardia Francesc de Carreras, estando en desacuerdo con el editorial, escribe en sus mismas páginas un artículo titulado: "Mi dignidad".
3) El editorial concertado y el artificial consenso social que dice representar tiene su reflejo en el ámbito político. Girauta lo llama el Partido Único de Cataluña: tripartito más CiU, sindicatos y patronales, colegios profesionales y Barça. En el Parlamento rige un cártel nacionalista y la discrepancia en la cuestión identitaria se castiga con la marginación. Todos los grupos a excepción del PP y Ciutadans compiten entre ellos en ofrecer una imagen más nacionalista que la del catalán medio, porque el radicalismo puede sumar algunos votos y no resta ninguno. La pregunta, naturalemente, es por qué no resta ninguno si en efecto no se corresponde con el sentimiento del catalán medio. Comentaristas como Antonio Robles se refieren a menudo a "la mayoría silenciosa", y en su artículo más reciente habla de una sociedad llena de Sanchos apáticos junto a una minoría de Quijotes ruidosos.
Si el Tribunal Constitucional cumple con su deber y recorta el articulado inconstitucional del Estatuto, en Cataluña no pasará nada. ¡Nada! ¡No pasará nada! Y no pasará nada porque esta aristocracia que confunde a los nacionalistas con todos los catalanes, aún no se ha dado cuenta de que sólo protestan los Quijotes. Y en Cataluña ya sólo hay Sanchos. No se revelan contra las multas lingüísticas, pero tampoco lo harán contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Sea la que sea.
El problema es que los Sanchos, pese a todo, votan a esa "aristocracia". ¿Cómo explica Robles que Ciutadans no obtenga más votos si la mayoría no comparte el nacionalismo de las élites? El voto es secreto y todos sabían quien era aquel mozo que posaba desnudo.
Yo creo que la respuesta tiene que ver con la narrativa prevalente impulsada por dichas élites, por un lado, y por el "voto en bloque" típico de la democracia partitocrática, donde los grises tienen menos cabida y la gente se ve empujada a elegir en función de una imagen proyectada sin tener en cuenta políticas concretas. Ante cuestiones aisladas como las multas a los comerciantes que rotulan solo en castellano, las cuotas de doblaje al catalán, la prohibición de ofrecer una educación bilingüe o en castellano, el articulado concreto del estatut, el Consell Audiovisual de Catalunya etc. los catalanes tienen opiniones diversas o no tienen ninguna que sea firme. En la mayoría de casos me atrevo a decir que son susceptibles de ser persuadidos de la posición no-nacionalista o liberal. No obstante es difícil construir un discurso que dispute esas medidas sin que sea percibido como españolista u hostil a la identidad catalana, de acuerdo con la narrativa prevalente. Hay que hilar fino. Ciutadans lo intenta (el PP está irreversiblemente estigmatizado, me temo), pero la gente no tiene el oído acostrumbrado y, a la hora de votar, tampoco quiere impugnar la narrativa predominante navegando a contra corriente. En el contexto de las elecciones, el votante medio considera la imagen de un partido en bloque, haciendo abstracción de aquellas políticas concretas hacia las que siente apatía o con las que podría estar de acuerdo o discrepar. La indiferencia en lo concreto se convierte en preferencia en bloque. En la práctica le preocupa el paro y la inseguridad, sin embargo en abstracto la narrativa nacionalista se impone y el votante no se desvincula del eje identitario. El resultado es un Parlamento que no representa de forma fidedigna a la ciudadanía en lo concreto, pero sí en lo superficial. Otra muestra de irracionalidad democrática
4) Jiménez Losantos habla de culpables y responsables de la situación que se vive en Cataluña. En mi opinión, la responsabilidad está muy repartida y no corresponde únicamente a los nacionalistas catalanes y a sus acólitos fuera de Cataluña. Muchos nacionalistas españoles de fuera de Cataluña (los unionistas autóctonos saben hilar más fino) ejercen un papel simétrico al de los los exponentes más radicales del nacionalismo catalán. Unos hablan de "nazis" y de una "sociedad enferma", otros de "fachas" y de "colonialismo". Cuando ambos se tachan de fascistas mutuamente sin reconocerse ninguno en el calificativo es que algo no acaba de cuadrar. En la época de los fascismos de verdad, no había dudas de quién lo encarnaba.
Por qué es impropio usar ese calificativo para referirse a los nacionalistas catalanes ya lo expliqué en mi artículo Nacionalistas sin Z. Es, en todo caso, una vía de acción muy miope si lo que se quiere conseguir es frenar el ascenso del nacionalismo en Cataluña y, en última instancia, mantener a España unida. La exageración y los hombres de paja son a menudo interpretados como una estratagema para dañar la causa que se tergiversa. Los excesos retóricos y las generalizaciones son recibidos como un ataque contra la comunidad entera. Y muchos nacionalistas catalanes aprovechan el tumulto para reforzar los estereotipos anti-españoles y la narrativa de "España no nos respeta". Lo mismo sucede en sentido inverso: cuando un nacionalista catalán habla de "chorizos" o "cazurros" españoles, o de "matar a todos los del PP", o de España como si fuera una potencia ocupante o el enemigo en una guerra, los españoles se sienten comprensiblemente ofendidos, y el nacionalismo español también sabe explotarlo. Pero esta confrontación juega siempre a favor del nacionalismo separatista: la causa unionista no convence a nadie que no esté ya convencido, y el independentismo no deja de crecer. Como dice Francesc-Marc Álvaro, "hay un españolismo que, cuando reacciona agresivamente, se convierte en la mejor máquina de fabricar independentismo". Una muestra de este fenómeno puede leerse en la columna de Cristina Sánchez Miret en La Vanguardia del domingo (requiere suscripción):
No se aprecia ni nuestro respeto a la democracia, ni nuestra contribución al Estado ni nuestra buena vecindad. No se entiende ni lo que somos ni lo que queremos, a pesar de usar el diálogo y las urnas para expresarlo y el pacto para consensuar las diferencias. No se nos quiere entender de ninguna de las maneras y eso está haciendo más por nosotros - para establecer puentes entre la pluralidad interna-de lo que ha hecho nada en mucho tiempo. Es por ello que, a pesar de todo, muchas gracias.
Esta es la percepción en Cataluña, y los españolistas no pueden pretender cambiarla llamando "nazis" a gente que vota a Convergencia o al PSC. Es como intentar evitar que tu esposa te abandone gritándole "zorra". "Es que realmente se ha acostado con otros", puede replicar el marido. Eso no cambia el hecho de que insultándola no va a retenerla (si eso, insisto, es lo que quiere).
5) Volviendo a la cuestión del estatut, el problema con el razonamiento legalista que reza "si quieren más autogobierno, que reformen la Constitución", es que muchos de sus proponentes (¿la mayoría?) tampoco están dispuestos a reformarla. Lo que ofrecen es básicamente un callejón sin salida, pero en su argumento solo hacen mención al callejón, que parece ancho y asfaltado, lo de que no tiene salida se lo callan. Los nacionalistas catalanes, sin embargo, también quieren oír a dónde conduce el callejón. ¿Están la mayoría de españoles dispuestos a cambiar la Constitución para dejar la puerta abierta a un mayor autogobierno y a una eventual independencia? Deberían estarlo, de lo contrario no están ofreciendo ninguna alternativa real al nacionalismo.
Tomemos el independentismo. Ha sido un argumento común en las últimas décadas que el independentismo es una opción legítima siempre y cuando se persiga de forma pacífica, y si al final resulta que una mayoría suficiente de catalanes quiere que Cataluña sea independiente, debería respetarse. Pero esta concepción entra en conflicto con el inmovilismo constitucional. Si quienes emplazan al independentismo a utilizar la vía legal pretenden luego prohibir su materialización por la vía constitucional, el independentismo no tiene en la práctica ningún recorrido legal.
En este contexto, planteo la siguiente pregunta a los lectores en la encuesta del lateral: ¿apoyarías una reforma constitucional que permitiera un mayor autogobierno en Cataluña o la eventual independencia? Recalco que eso no significa defender más autogobierno o la independencia de Cataluña, sino que eso pueda ocurrir por la vía legal y democrática si la mayoría de catalanes llega a quererlo algún día.
