Juan Ramón Rallo escribe un buen artículo sobre el problema de la descentralización autonómica española a propósito del nuevo modelo de financiación: el gasto está descentralizado, pero no los ingresos.
Básicamente, el Estado central calcula cuáles son las necesidades "objetivas" de gasto de las comunidades autónomas en las distintas competencias que les ha ido cediendo como educación o sanidad; ese cálculo se realiza atendiendo a distintos criterios, como la población, el territorio, la dispersión, la insularidad... Y con posterioridad, el Estado establece un mecanismo de ingresos con los que suplir ese gasto "objetivo".
Lo normal debería ser que cada comunidad autónoma sufragara sus gastos con los ingresos fiscales que obtiene, así actúan en última instancia los Estados y, de manera mucho más digna, las empresas privadas. Sin embargo, en la España de las autonomías esto no sucede. Sólo dos comunidades autónomas, según el sistema de financiación establecido en 2001, cubren sus necesidades de gasto con las figuras tributarias que se les han cedido: Madrid y Baleares. El resto de comunidades autónomas financian ese "déficit" con dinero que aporta la Administración central (esto es, todos los españoles con sus impuestos) a través del llamado "fondo de suficiencia".
Obviamente, se trata de un modelo que tiende a inflar el gasto público, ya que todas las comunidades pretenden que se les reconozcan mayores necesidades de gasto –sean reales o no– con tal de captar un mayor porcentaje de la tarta fiscal.
Ante este problema, dos opciones:
[O] terminamos de una vez con la descentralización competencial y presupuestaria, de manera que sea el Estado central quien planifique la prestación de servicios (con o sin colaboración autonómica) y pague y cobre por ellos; o establecemos una auténtica descentralización competencial y presupuestaria, esto es, que las necesidades de gastos no sean estimadas ni objetivizadas y que sean sufragadas íntegramente por los impuestos de cada comunidad autónoma (de modo que los déficits se eliminen como siempre se eliminan los déficits: o aumentando impuestos o reduciendo el gasto, pero no pidiendo que sean el resto de regiones quienes abonen el importe).
Rallo se decanta por la segunda, yo también. Naturalmente esta competencia fiscal a la baja que incentiva la descentralización real no gusta al Gobierno socialista, que se ha propuesto desincentivarla (todavía más) con el nuevo modelo:
[U]na de las principales novedades del texto remitido por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, estriba en que, por primera vez, se incluye una cláusula que castiga la rebaja de impuestos. Esta penalización se articulará a través de un Fondo de nueva creación denominado de competitividad, y que estará destinado a fomentar la convergencia autonómica en financiación per cápita, En el texto se deja bien claro que se aplicará “desincentivando en lo posible la competencia fiscal a la baja”.
De hecho, tan sólo “las regiones con financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal” podrán disponer de este fondo, cuyas cláusulas parece que se han hecho pensando en la Comunidad de Madrid, que es quien ha ido más lejos en recortes de impuestos, lo que ha sido criticado por algunas regiones que han acusado a Esperanza Aguirre de hacer una especie de dumping fiscal. En particular, Cataluña, a cuenta del Impuesto de Sucesiones.
El texto del nuevo modelo de finaciación puede leerse aquí (pdf).
Actualización: José Carlos me avisa en los comentarios de un artículo que escribió a favor del federalismo fiscal. Copio el final:
Sería mucho mejor que cada autonomía viviese sólo de los impuestos que puede recaudar de sus ciudadanos, y punto. De este modo, cada camarilla política regional no podría excusarse en que no les quieren desde "Madrid", ni pueden venderle a sus ciudadanos que están explotados por los demás. Y se verían ante la necesidad de responder sola y exclusivamente ante sus propios electores, a los que tienen que convencer de su gestión, ya que es a ellos a quienes les van a sacar la pasta. Ya no vale el discurso victimista frente al Estado, que hoy han hecho suyo, excepción hecha de Madrid, especialmente las comunidades más ricas, como Cataluña y País Vasco.
Además, un sistema fiscal completamente descentralizado, un federalismo fiscal, favorecería la competencia entre las comunidades, algo que sólo puede beneficiar a los sufridos contribuyentes. Muchos echarán en falta la solidaridad, pero esta sólo tiene valor moral si es voluntaria, y de hecho sólo resulta efectiva cuando es privada. Y en esa competencia fiscal, son las comunidades más pobres las que más pueden salir ganando.
Sería tan sencillo como que el Estado fije un tramo común del IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades y, con ciertas normas comunes, cada autonomía sumase a éstos sus impuestos. Pero ¿ven a algún partido político proponiéndolo? Será que no les interesa.
