En mi último artículo publicado en Libertad Digital critico que Amnistía Internacional haya equiparado en su la pobreza con una violación de los derechos humanos en su informe de 2009. Eso la sitúa a la par con otras ONGs que contribuyen a oscurecer la distinción entre derechos positivos (derecho a ser alimentado, derecho a la salud etc.) y derechos negativos (derecho a no ser agredido). Con este cambio Amnistía Internacional se declara inequívocamente socialdemócrata, lo que es una pena, pues antes se limitaba a denunciar violaciones de derechos individuales y podía acreditar cierta neutralidad ideológica.
Amnistía Internacional (AI) se ha sumado al coro de ONGs que, siguiendo a la ONU, equiparan la pobreza con una violación de los derechos humanos. AI se ha caracterizado históricamente por sus esfuerzos en defensa de las víctimas de la represión estatal alrededor del mundo: individuos encarcelados por expresar sus ideas, condenados o torturados sin un juicio justo, masacrados en conflictos bélicos, etc. La organización no resulta simpática ni a las dictaduras tercermundistas ni a las democracias occidentales que se creen por encima de cualquier reproche, lo cual es encomiable. Pero la inclusión de "derechos sociales" en su proyecto activista es una evolución lamentable que va en detrimento de su causa fundacional. Difuminar la frontera entre derechos individuales y "derechos sociales" conduce a más atropellos contra la libertad y de hecho nos aleja de la solución a los problemas sociales que motivan esa retórica.William Easterly, uno de los principales expertos en economía del desarrollo y ayudas al Tercer Mundo, ha explicado por qué no caben más derechos que los negativos o individuales, que son los que proscriben interferencias violentas por parte de terceros: porque la única definición útil de derecho es aquella que permite identificar a una víctima y a un agresor o causante del daño.
