En dos entradas sobre el liberalismo y la socialdemocracia (1 y 2) Citoyen ha defendido su postura intervencionista opiniéndola a la de Kantor, más liberal. Kantor ha respondido en los comentarios pero su réplica me parece incompleta. Voy a intentar complementarla con dos posts, uno por cada entrada.
La primera entrada de Citoyen es sorprendentemente pobre e ingenua en cuanto a su concepción de la estructura de incentivos que caracteriza el sistema político democrático y el proceso de mercado. No excusa que en la segunda afine más su discurso y, forzado por Kantor, comente algunos aspectos esenciales que ha olvidado mencionar en la primera. Para mí este olvido (o subtestimación de la importancia de aquellos aspectos) dice mucho sobre los fundamentos de su cosmovisión política.
Este párrafo sintetiza su tesis:
Coincido con él [Kantor] en que suponer que los políticos están guiados por la benevolencia es algo generalmente ingenuo. Sin embargo, las instituciones están ahí para eso. Una diferencia clave son las normas sociales y la estructura de incentivos que crean. Los dirigentes de una empresa grande (una SA quiero decir) responden (y deben responder) a los criterios inevitables de rentabilidad y creación de riqueza y en ese sentido el peso de la moralidad o la inmoralidad es relativamente más bajo. En la esfera política, hay mecanismos para hacer que esa “moralidad” se cumpla. Los políticos corruptos suelen ser castigados aunque sean buenos gestores, a la hora de declarar sus decisiones deben al menos dar una imagen relativamente transparente y moral (la “fuerza civilizadora de la hipocresía”) y existen contrapesos importantes a su forma de actuar (grosso modo, el derecho administrativo). Por supuesto, esto es algo que varía de un país a otro, de una ciudad a otro, en función de la estructura institucional (y de la cultura, claro) pero es algo generalmente válido- incluso los tiranos intentan dar una imagen decente.
Nótese que para Citoyen el problema principal se reduce a la benevolencia de políticos y empresarios (ninguna mención al test de la rentabilidad como guía para asignar eficientemente los recursos), y el peso que la moralidad tiene en la toma de decisiones dada una determinada estructura de incentivos. Esto es, la cuestión de si el Estado es superior al mercado en cuanto a la asignación eficiente de recursos se resuelve observando el efecto que la estructura de incentivos (del Estado y del mercado) tiene sobre la moralidad de políticos y empresarios. En otras palabras, si los incentiva a actuar "moralmente" o no. Esta relación que Citoyen establece entre moralidad y asignación eficiente de recursos (sin aludir al test de la rentabilidad o al cálculo económico) ya es de por sí lo bastante absurda, pero además lo empeora afirmando que el sistema político democrático, a diferencia del mercado, fomenta la buena reputación y tiene contrapesos importantes (como el derecho administrativo!). Es decir, resulta que una organización monopolística que se financia coactivamente (o un Gobierno que es votado cada cuatro años) tiene más incentivos para cuidar su reputación y actuar de forma eficiente que un empresa que compite diariamente con muchas otras por sus clientes (que no contribuyentes), y cuya supervivencia depende de su buena imagen y de ofrecer a los consumidores algo por lo que están dispuestos a pagar. Considerad solo esto: imaginaros que las empresas prometieran tanto como los políticos en campaña y luego cumplieran tan poco como los gobernantes en oficio. ¿Verdad que cuesta imaginárselo? La explicación está en la estructura de incentivos.
Tanto los incentivos a cosechar una buena reputación como los contrapesos son mayores en un entorno de competencia (estamos examinando los méritos relativos de cada estructura de incentivos), pero a Citoyen ni siquiera se le ha ocurrido pensar que la competencia pueda actuar como contrapeso o promueva la buena reputación. Para mí este descuido vale más que cualquier otro argumento que pueda plantear.
Resumo mi opinión sobre la diferencia entre el proceso de mercado y Estado democrático en lo que respecta a la asignación eficiente de recursos: En el primer caso reconoces los límites de tu conocimiento y depositas tu confianza en la creatividad empresarial de millones de personas que arriesgan sus propios recursos y reputación en el marco de un sistema competitivo y descentralizado, mientras que en el segundo te entregas a un monopolio gestionado por burócratas que tienen menos incentivos para buscar soluciones (responden ante votantes, no ante consumidores o accionistas, y no manejan sus recursos sino los de los contribuyentes) ni la omnisciencia ni el mecanismo para descubrirlas y testarlas (el sistema de precios). Como explica Boudreaux, defender que el mercado asigne los recursos es una regla sencilla y razonable para un mundo complejo. Defender que lo haga el Estado es un simple acto de fe.
A continuación copio varios párrafos de mi artículo Estado S.A., que creo que son muy relevantes en el contexto de esta discusión y dan cuenta de lo débil del argumento de Citoyen:
El Estado obtiene sus fondos por la fuerza a través de impuestos, la empresa se financia con aportaciones voluntarias de inversores y consumidores. Si no nos satisface el servicio que nos proporciona una empresa podemos dejar de comprarlo o irnos a la competencia. Si no nos gusta el servicio que nos ofrece el Estado tenemos que pagar igualmente (a menudo estamos incluso obligados a consumirlo), y no hay competencia a la que recurrir porque el Estado es un monopolio territorial. En el mercado podemos cambiar de proveedor de internet o de compañía de gas con una llamada. Si queremos cambiar de policía, tener una justicia más eficiente o pagar menos impuestos por estos servicios, tenemos que hacer las maletas y mudarnos a otro país. Como en el extranjero los Estados tampoco son empresas, emigrar raramente compensa.
El Estado responde ante electores que votan cada cuatro años, mientras que una empresa responde ante consumidores que votan cada día con su dinero. La democracia del mercado es bastante más directa. Si no nos gusta un producto, acudimos inmediatamente a la competencia, pero si no nos gusta un Gobierno tenemos que esperar a las próximas elecciones y con toda probabilidad lo reemplazará el mismo perro con distinto collar. Las empresas compiten por cuota de mercado, los partidos políticos compiten por cuota de poder. Las empresas pueden lucrarse atendiendo a las minorías y sólo sirven a los consumidores que reclaman sus servicios. Los partidos políticos apelan a las mayorías, al votante medio, y el vencedor ejerce su poder sobre todos los ciudadanos aunque no lo hayan pedido.
(...) Los burócratas no arriesgan sus propios recursos sino los recursos que forzosamente extraen a los contribuyentes. Como la irresponsabilidad y la ineficacia les salen gratis, no tienen incentivos para ser responsables ni eficientes. Los empresarios en el mercado, en cambio, arriesgan sus propios recursos o los de otros inversores y su fortuna depende de lo bien o mal que ofrezcan el servicio. Los políticos pueden prometer lo imposible y engañar impunemente a los votantes. Cuanto más prometen, más entusiasmo generan. La empresa tiene una imagen y una reputación que cuidar, su marca no caduca a los cuatro años y un escándalo puede costarle muchos clientes y llevarle a la bancarrota. (...)
Una empresa se guía por el test de la rentabilidad. Si es muy rentable significa que ofrece a los consumidores algo que éstos valoran mucho más de lo que cuesta producirlo. Si no es rentable significa que despilfarra recursos y acaba en bancarrota. El Estado no está sujeto a ningún test de rentabilidad, no es premiado con beneficios si sirve bien a la gente, ni castigado con pérdidas cuando despilfarran recursos. Teniendo en cuenta que el Estado carece de incentivos para economizar recursos y sus ingresos pueden ser tan altos como la tuerca de Hacienda lo permita, el despilfarro está asegurado.
Según Citoyen, Kantor y él difieren porque parten de prejuicios distintos. Presuntamente yo también. Pero a mi los argumentos expuestos arriba no me parecen la racionalización de un prejuicio, sino un razonamiento lógico sobre la estructura de incentivos de cada escenario y sus méritos relativos. Que los lectores juzguen.
En una segunda entrada responderé a uno de los argumentos principales de su segundo post.
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