Bastante de acuerdo con la intervención de Rosa Díez (pdf) en el Congreso de los Diputados a propósito de la libertad lingüística y su defensa de la reforma de la Ley Orgánica en contra de la "normalización lingüística". A favor: su énfasis en los derechos de las personas, en oposición a los derechos de las lenguas, y en la libertad individual de relacionarse en la lengua que uno elige. En contra: sus constantes referencias al texto constitucional como fuente de derechos, su defensa de un proteccionismo de mínimos, y el implícito doble rasero en relación con la lengua oficial y las cooficiales.
El doble rasero se entrevé en proclamas como éstas (énfasis mío):
La llamada “normalización lingüística” pretende convertir en “normal” la supresión de derechos constitucionales, con la consecuencia de instaurar una sociedad dividida en dos colectivos desiguales en derechos: el de quienes sí tienen los conocimientos lingüísticos exigidos ilegítimamente –puesto que el conocimiento de una lengua cooficial no es un deber constitucional—y el de aquellos que, aun siendo ciudadanos de pleno derecho a efectos legales, en la práctica son convertidos en ciudadanos de segunda, privados del derecho a ser atendidos en su lengua habitual si esta es la oficial del Estado (...)
La discriminación de empresas y profesionales que no certifiquen el nivel de conocimiento de la lengua cooficial exigido por algunas administraciones autonómicas –tales como la exigencia del uso de esa lengua en las comunicaciones internas, con los clientes, en el etiquetado…-- se ha convertido en una barrera artificial y arbitraria opuesta al libre flujo de capitales financieros y humanos
Me gustaría saber qué opina Rosa Díez de las leyes del Estado central que obligan a usar el castellano en etiquetaje, documentos etc. (véase este listado, en catalán) y que también son "una barrera artificial y arbitraria opuesta al libre flujo de capitales financieros y humanos" si tenemos en cuenta que hay individuos y empresas que querrían emplear solo una lengua cooficial en su ámbito. ¿Está a favor Rosa Díez de permitir que haya empresas cuya documentación y etiquetación sea exclusivamente en catalán (para lo cual tendrían que derogarse leyes)? En el ámbito público, lo mismo que hay personas que quieren ser atendidas en castellano las hay que quieren ser atendidas en catalán. Ambos pagan igual sus impuestos, ¿por qué en un funcionario el castellano debe exigirse pero el catalán no? ¿Está a favor Rosa Díez de permitir que haya gente que solo sepa el catalán y pueda ser atendida en este idioma?
Supongo que eso es lo que diferencia una lengua "oficial" de una "cooficial": la primera es un deber y se presume (al fin y al cabo no se habla únicamente del derecho de los españoles a usar el castellano, también se habla del deber de conocerlo), la segunda es "opcional" y tiene que estar sujeta a "libertad de elección". Cuando los nacionalistas hacen que la segunda también sea un "deber" entonces hablamos de imposición, pero parten de la misma premisa. Lo que cambia es que el castellano puede permitirse una imposición tenue o meramente formal (aunque todos deban conocerlo se aprende en la calle, en los medios etc. sin necesidad de imposición), pero las lenguas cooficiales (al menos a ojos de muchos nacionalistas) no se aprenden tan fácilmente en la calle y su "deber de conocerla" necesita de una imposición más fuerte. Como ya he dicho otras veces, este argumento es de naturaleza proteccionista y muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras con la inmersión lingüística defenderían un modelo similar para el castellano si percibieran que su idioma está amenazado. ¿Por qué? Porque se necesita tener ideas bastante liberales para oponerse a medidas proteccionistas (en materia lingüística, en agricultura, en cultura etc.), y poca gente (castellano-hablantes incluidos) tiene ideas así de liberales.
Dejando estas disquisiciones a un lado, la lengua que más se impone en la práctica es la cooficial y por eso merece una condena más rotunda. Por ese motivo me parece más acertada que desacertada la intervención de Rosa Díez. Pero no puedo dejar de pensar en la hipocresía implícita de este doble rasero oficial/cooficial. Si un españolista está a favor de la oficialidad del castellano y la cooficialidad del catalán, ¿por qué no puede un catalanista o independentista estar a favor de hacer oficial el catalán (en Cataluña) y cooficial el castellano?
Del discurso de Rosa Díez me quedo con este párrafo, que toca una fibra sensible para muchos proteccionistas lingüísticos: si una lengua acaba desapareciendo, ¿cuál es el problema?
Hablar de” los ataques al español” es caer en la trampa de quienes plantean la cuestión como una batalla entre idiomas y nos quieren convencer de que con sus medidas discriminatorias sólo tratan de “proteger” al más débil de ellos. Como dije, los idiomas no tienen derechos, por tanto no deben ser protegidos por nadie. Los idiomas son instrumentos de comunicación y expresiones culturales y sociales de un tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido y desaparecido centenares de ellos, sin que nadie haya osado calificar de “genocidio lingüístico” (como han hecho algunos dirigentes políticos actuales) la sustitución de ninguna de esas lenguas por otras asumidas por los ciudadanos como parte de la evolución de la sociedad.
