Un matiz al artículo de Ángel Fernández publicado en la página del IJM y en Plataforma Constitucional. Dice Ángel:
[Las] comunidades autónomas (...) penalizan el uso del idioma español, llegando incluso a imponer reglas a empresas para etiquetaje, rotulación, facturación o contabilidad, aunque se traten de negocios privados, en su particular paranoia independentista de regulación sobre la vida de los demás.
De acuerdo, pero eso también lo hace el Estado central. Las leyes que obligan a utilizar el castellano en el etiquetaje y documentos de las empresas son numerosas. Podéis consultar esta recopilación de Contrastant (está en catalán). A mí no me parece bien que se obligue a utilizar ninguna lengua.
Por lo demás, no tengo mucha confianza en las reformas constitucionales pero estoy de acuerdo con Ángel en que los padres deben poder elegir el idioma en que se eduquen sus hijos. También creo los derechos que conculcan las políticas de inmersión lingüística son más graves que los derechos que se vulneran con la imposición del castellano en etiquetaje, documentos y similares. Noticias como la que destacaba Libertad Digital hace poco me parecen lamentables.
El Gobierno vasco dará a conocer este miércoles el decreto por el cual los comercios tendrán un plazo de uno a cuatro años para que la plantilla de estos establecimientos atienda en vascuence a los consumidores. De hecho, en el texto aparece el "derecho de los consumidores a recibir información en euskara y castellano".
¿Y el derecho del comerciante a emplear la lengua que él quiera en sus relaciones con los demás no cuenta?
